Abogados

Entrevista a Salvador Trinxet, El deterioro de la abogacia

2012-01-17T02:37:00.000-08:00

Salvador Trinxet

El deterioro social de la Abogacía y el equilibrio personal con la gestión y el ejercicio

¿Cuál es la diferencia entre representación social, imagen pública y percepción social?
Salvador Trinxet Llorca – Según Nahúm Castillo Rodríguez la representación social integra la idea socialmente construida de algo, se trata de pensamientos formados a partir del sentido común y reproducidas desde experiencias ajenas, aquí se integran estereotipos, valoraciones, opiniones y creencias en sentido positivo o negativo. La imagen pública es la percepción dominante que una colectividad establece respecto de un actor, institución o referente cultural, con base en las impresiones y la información pública que recibe, se trata de un concepto más asociado al entorno mediático. En cambio, la percepción social integra, además del sentido común y la imagen tomada de otras fuentes, la experiencia vivida ante el fenómeno en este caso, experiencias con abogados; es decir, va también más allá de la imagen que el imagólogo o el publicista puedan construir con una orientación al mercado.
¿El marketing jurídico puede colaborar con la imagen de la Abogacía?
Salvador Trinxet – El mismo autor nos señala que la imagen de la abogacía construida mercadológicamente sí puede representar un reforzamiento redituable de la percepción, pero sólo cuando la percepción ya es positiva, y no cuando parece querer modificarse por la fuerza. Es decir, el marketing jurídico como estrategia sí cumple su función, aunque ello debe ocurrir en el momento adecuado, ya que intentar vender una imagen sobre un objeto (el ejercicio jurídico) devaluado, puede rendir frutos, pero en un entorno forzado, poco natural. De este modo, cuando hay un entorno de percepción social positiva, los miles o millones de clientes potenciales pueden sentir la confianza de acudir a un experto en materia jurídica, y entonces sí, con la construcción de dicha base de significación en la sociedad, es posible disputar el “mercado” de clientes ante la competencia.
¿El tema económico puede socavar la imagen de la Abogacía?
Salvador Trinxet - Nahúm Castillo nos dice que la reestructuración de la percepción que se tiene del abogado debe ir de adentro hacia fuera. Que el ejercicio de una profesión muestre beneficios económicos en un marco socialmente visible, no implica que sea ahí donde siga amarrado el prestigio y el valor de una profesión. El prestigio es; o debería ser conservado mediante las acciones de los miembros del grupo jurídico.
¿Cómo puede el abogado controlar y equilibrar la gestión de su despacho con su vida personal y familiar?
Salvador Trinxet – Según Santiago Sinópoli en toda actividad hay que poner límite. La psiquis y el cuerpo de uno es falible. Pensar lo contrario es exponerse a un sacrificio personal y profesional sin sentido. La entrega en el combate diario no debe significar estrés. La abogacía es de por si una "profesión estresante", porque el trabajo que se dedica al conflicto humano, devenido en jurídico, atiende al sufrimiento del cliente que viene lesionado en su ser por la injusticia del Otro. Si definimos al "estrés malo" o "distrés" que es lo que comúnmente de entiende como estrés, según el Dr. López Rosetti es: aquella situación en las cuales las demandas externas (sociales) o las demandas externas (psicológicas) superan nuestra capacidad de respuesta. Se provoca así una alarma orgánica que actúa sobre los sistemas nervioso, cardiovascular, endocrino e inmunológico, produciendo un desequilibrio psicofísico y la consiguiente aparición de la enfermedad. A partir de lo expuesto, salta a la vista que la actividad del abogado es propicia para "estresarse", entre otras cosas porque las demandas sociales profesionales, son requerimientos de seres en conflicto y que pretenden de uno la solución lo más rápida posible, para el restablecimiento del derecho que les ha producido una lesión jurídica, que se vive como amputación humana desde los psíquico.
¿La vida profesional y familiar de un abogado puede encontrar un punto de armonía y conciliación?
Salvador Trinxet – El mencionado autor Sinópoli nos dice que no hay vida profesional desprendida de la familiar. En sí, no hay desarrollo de "Yo" por fuera de la "en la vida en común". La familia es a tal fin uno de los llamados "grupos primarios" en el aspecto relacional de cada persona. La familia está en el mapa de redes que nos acompaña por siempre, y como tal tiene la función de compañía social, apoyo emocional, de guía cognitiva, es en definitiva un soporte afectivo y apoyo instrumental vital. He aquí la razón de una natural conciliación entre el mundo de la abogacía y el familiar.
¿Qué recomendaciones útiles ha leído sobre el ejercicio de la abogacía?
Salvador Trinxet - Los mandamientos de abogado, de Eduardo J. Couture, algunos de ellos: el derecho de transforma constantemente; piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho; pero cada día que encuentres en conflicto el derecho y la justicia, lucha por la justicia.

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Salvador Trinxet.- El abogado y el cliente

2012-01-17T02:22:00.000-08:00

Salvador Trinxet.-

El Abogado y el Cliente

Relación Abogado y Cliente

¿Cuándo decir “no” a un cliente? ¿Cuál es la forma de proceder ante estos casos?
Salvador Trinxet Llorca – Según Santiago Sinópoli, la negativa del abogado puede causar al cliente, desde lo psicológico, sensación de frustración. Uno no debería hacerse cargo de ello. Sí podría tener presente que, si el rechazo de asumir el litigio suele generar sensación de desamparo en quién pretende convertirse en cliente, sería regla de un buen profesional decir su «no» con el suficiente rodeo como para no herir y si es factible con sentido de consejo. Ello es parte de la función social del abogado. Además, la cortesía profesional siempre puede dar frutos. Distinto es el panorama cuando los abogados ya hemos avanzado en la relación con el cliente y uno, después de profundizar la viabilidad del litigio, obtiene como resultado que hay que decirle a nuestro asistido que no se puede llevar la acción pensada por diversas razones, que pueden ser por falta se sustento legal, de ética profesional, porque si bien es justo el reclamo, no hay andamiaje jurídico que lo sostenga, o también podría ser por razones fácticas, como el carecer de elementos probatorios. También la labor psicológica deberá estar presente cuando se tenga que explicar al cliente que legalmente tiene razón, pero los elementos probatorios no alcanzan. Aquí el camino estaría en hacer ver al asistido que es su propia torpeza o falta de diligencia la que lo lleva a la indefensión. A lo hora de decir «no», tenga presente que su profesión se halla en contacto con los sentimientos y frustraciones de su cliente. Asistir integralmente.
¿Cómo obtener la confianza de nuestro cliente?
Salvador Trinxet - Santiago Sinópoli nos dice que ganar la confianza del cliente no requiere una rígida estabilidad, sino que supone ser sincero y auténtico. Ser coherente. El cliente advierte cuando uno no es una persona integrada y unificada. Uno debe ser tal como es en lo profundo de sí mismo. Esta es la realidad que inspira confianza en los demás. El rol de abogado debe impartir responsabilidad, ética y cumplimiento.
¿Es importante atender lo que el cliente nos dice sin palabras?
Salvador Trinxet – Sinópoli nos indica que es importante establecer una comunicación lo más amplia posible, para tratar de escudriñar al máximo todo lo que dice expresamente el cliente y aquello que no manifiesta en forma verbal, pero lo está trasmitiendo con su rostro, con la mirada, el contacto corporal, con las actitudes defensivas de su territorio, con su manera de vestir, con sus gestos. Todo esto nos permitirá tener una mayor dimensión del caso jurídico y lo que implica psíquicamente para el asesorado. Para ello hay que saber y tener presente que cuando el cliente está frente a nosotros nos comunica en forma digital (su mensaje es en base a signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con normas gramaticales del idioma) y en forma analógica (en este caso el mensaje es no verbal sino que se basa en semejanzas). De estas modalidades de comunicar que tenemos los seres humanos, el 35 % es digital, y por lo tanto la no verbal o analógica, representa en la comunicación humana el 65 %.
¿Qué exige el cliente en la actualidad?
Salvador Trinxet - El cliente, según David Berrocal, "es mucho más exigente con su abogado, le exige una atención diaria, respuestas inmediatas, información actual, mayores garantías". Ya no sólo se valora al abogado por su trabajo o servicio, sino que se siente un traslado de cierta responsabilidad, que el profesional no puede asumir sobre un resultado porque no depende de él. Se busca "incluso supeditar el abono del precio de los servicios del abogado a dicho resultado" según nos matiza David Berrocal.
¿En tiempos de crisis el cliente realiza una más profunda y pragmática valoración de los costes de un procedimiento?
Salvador Trinxet - Legal Today nos advierte sobre esto. La valoración la realiza teniendo en cuenta diversos factores. En primer lugar el coste del procedimiento en términos absolutos, es decir, no sólo lo en relación a la cuantía e importancia de lo pretendido, sino también en relación a su disponibilidad líquida actual, por lo que cambia la lógica a la hora de decidirse. En segundo lugar, exige no tanto una opinión de su abogado, sino más bien una predicción lo más ajustada a lo que puede ocurrir en un futuro, lógicamente no les es suficiente una resolución judicial que les de la razón, sino cobrar, conseguir efectivamente lo pretendido. Ello obliga al abogado a realizar una mayor y más exhaustiva labor investigadora previa a la interposición de la correspondiente demanda.

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Salvador Trinxet abogado y escritor barcelones

Salvador Trinxet Llorca, Gestión de conocimiento

2012-01-17T02:18:00.000-08:00

Salvador Trinxet Llorca

El abogado barcelones Salvador Trinxet Llorca ha seleccionado algunos libros que le han aportado tecnicas que le han ayudado a ser un director organizado y contar con el equipo necesario para satisfacer las necesidades reales de sus clientes. Uno de ellos es:
Titulo: Enamore a sus clientes
Autor: Harry Beckwith
Editorial: Empresa activa
ISBN: 84-95787-65-2
Salvador Trinxet opina sobre Enamore a sus clientes, una guía autodenominada para “triunfar en la batalla del marketing del futuro” del autor Harry Beckwith. En sus propias palabras, Salvador Trinxet decía: “El Libro de enamore a sus clientes se me presentaba con menos expectativas de negocio que otros títulos que he estado leyendo últimamente.

A continuación un fragmento del libro que es interesante para reflexionar:
“Los clientes sienten lo mismo respecto a un servicio que respecto a quien lo proporciona.
En este mundo, los conocimientos técnicos cuentan: son los que pagan las cuotas de inscripción. Pero muchos clientes pueden permitirse esas cuotas, y la mayoría no distingue los conocimientos de una firma de los de otra. La competencia hace entrar a las empresas en el juego, pero lo que gana el juego son las relaciones.
No se preocupe de lo que los clientes dicen que quieren. La próxima vez que reflexione sobre su estrategia, pregúntese: si dirigiera una firma de la competencia ¿cómo vencería a la nuestra? Y a continuación haga lo siguiente: elimine esa debilidad. Es su punto vulnerable, la razón de que esté perdiendo negocio. “ si empezáramos este negocio de cero, ¿Qué haríamos de otra manera?
Porque el valor de planificar no está en el plan mismo, sino en el proceso de planificación. Elaborar un plan nos enseña a nosotros y a nuestros colegas cómo son nuestro negocio, mercado, clientes, y a cada uno cómo es el otro.
Igual que escribir un libro, escribir un plan nos educa de una manera que nada más puede hacer.
Casi todos los sectores tienen su centro neurálgico. Entre los arquitectos, por ejemplo, ese centro está ocupado por los editores de pu8blicaciones de arquitectura muy respetadas, por unos cuantos escritores, especialmente Paul Goldberger, del New York Times, y por varios clientes con criterio, como por ejemplo el Museo Guggenheim, a quienes se acude para saber qué opinan sobre los mejores arquitectos o de moda.
Todos los sectores, desde los fabricantes nacionales de zapatos hasta las peluquerías de barrio, tienen un centro neurálgico.
Para obtener más información:

Unión Profesional de Asesores de Empresa
La dirección del despacho de asesoría. La Web del Profesional de Asesoría, al servicio del asesor de empresa.
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CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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22 Dic 2011 – Salvador Trinxet Llorca – Dándole un esqueleto propio a su empresa como nos señala Fernando Quesada en IdeasparaPyMEs.com; inversión ...

El origen de la teoría del "descubrimiento inevitable"

2011-12-22T01:48:00.000-08:00

El origen de la teoría del "descubrimiento inevitable" se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano --Brewer vs. Williams, U.S. vs. Leccolini-- y constituye uno de los límites a los efectos de la teoría de exclusión de los frutos del árbol envenenado. Se trata por decirlo plásticamente, de una exclusión de la exclusión, en virtud de la cual cuando la prueba obtenida como consecuencia de la violación de algún derecho fundamental, se hubiera obtenido de todos modos por medios lícitos, entonces no resulta razonable su exclusión, porque en cualquier caso se hubiera llegado al mismo descubrimiento por medios lícitos. El típico ejemplo estaría constituido por un doble sistema de investigación mediante intervención telefónica y seguimientos y vigilancias policiales autónomas de aquellos --y por tanto no alimentadas por las informaciones de las conversaciones intervenidas, ni parasitarias de ellas--.

SANTA EN LAS CALLES – GRUPO BRAXTON

2011-12-15T08:52:00.001-08:00

SANTA EN LAS CALLES – GRUPO BRAXTON

Santa en las Calles nace de la iniciativa de un grupo de personas motivadas a llevar la navidad a las comunidades más necesitadas, que por circunstancias distintas se encuentran en situación de pobreza en las calles.

El gran evento de Santa en las Calles se realiza en varios países con el apoyo de empresas privadas y voluntariado logrando llevar alegría a miles de personas.

Las donaciones no tienen ninguna estipulación en cuanto a su valor, todo aquel que desee aportar con esta causa puede hacerlo según sus deseos y condiciones. El eje central de esta razón social es el concepto de servicio como labor fundamental, las empresas deben sumarse para ayudar persistentemente a comunidades y sectores en condiciones de pobreza, en circunstancias críticas de necesidad y marginalidad, pues a través de su acción comprometida servirán como propagadores, motivando al sector privado a ejercer acciones al respecto, provocando, consecuentemente, el tan necesario progreso integral y sustentable. Se trata de movilizar el talento, el tiempo y la energía con fines totalmente altruistas.

Contribuciones activas y voluntarias al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de coadyuvar y aportar a la sociedad a la que finalmente sirve. La colaboración propuesta por este grupo de personas que iniciaron Santa en las Calles en el año 2006 consiste en aprovechar, incentivar, impulsar y encauzar el potencial humano y profesional de las empresas a favor y beneficio de necesidades en materia de desarrollo humano y social que se puedan identificar en comunidades o asociaciones de tipo social.

Poner en práctica la solidaridad es un tema que Braxton Consulting no aparta de sus objetivos, es por ello que insiste cada año en formar parte de Santa en las Calles mediante su contribución, ésta incluso se logra, a través de los aportes de sus colaboradores que se encuentran inmersos en esta causa realizando recolectas y recaudando alimentos, ropa, medicinas, juguetes, frazadas, agua potable; promoviendo así, desde la matriz de la empresa, una cultura de cooperación, sensibilizando al equipo profesional y descubriendo en este desempeño nuevos valores. Cada empleado logra ser un embajador de la empresa en la comunidad.

El Grupo Braxton ofrece a sus colaboradores una alternativa de participación ciudadana para canalizar sus inquietudes personales de trabajo comunitario y solidario. De esta manera la firma construye puentes con diversas organizaciones sociales de la comunidad.

Embarcarse en esta iniciativa está compuesta de actividades donde prevalece la generosidad, el entusiasmo y la esperanza de lograr una sociedad más equilibrada, estrechando vínculos y acercándonos a las necesidades bajo actuaciones de magnificencia. El Grupo Braxton también es consciente que actividades como esta permite la integración de la empresa, fomenta el trabajo, facilita las relaciones, mejora las habilidades comunicativas y sociales, promueve el sentimiento de orgullo, el grado de satisfacción, y en virtud de grandes enseñanzas, mejora el clima laboral, importante para funcionar bajo los estándares de calidad requeridos por los clientes.

Este movimiento Santa en las Calles sigue trascendiendo y popularizándose por distintos países de Europa y América, su acogida por parte de la sociedad ha sido aplaudible y digna de respeto, su alcance ha sido masivo, perseverante, constante y responsable.

Para mayor información:

Santa en las Calles

Santa en las Calles en video

Grupo Braxton

Braxton Group

Disposiciones

2011-10-27T08:45:00.000-07:00

Disposición transitoria única. Procesos en trámite.
Los procesos que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán sustanciándose hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución española.
Disposición final segunda. Reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se modifica el número primero del apartado seis «Determinación de la cuota tributaria» del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda redactado en los siguientes términos:
«Seis. Determinación de la cuota tributaria.
1. Será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:
En el orden Jurisdiccional Civil
«Verbal
Ordinario
Monitorio en cuantía que exceda de 3.000 euros
Cambiario
Ejecución extrajudicial
Concursal
Apelación
Casación y de infracc. procesal
90 €
150 €
50 €
90 €
150 €
150 €
300 €
600 €
En el orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo
Abreviado
Ordinario
Apelación
Casación
120 €
210 €
300 €
600 €
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Ley de agiliación procesal (Articulo 812)

2011-10-26T08:43:00.000-07:00

Treinta y seis. El apartado 1 del artículo 812 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes:
1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.
2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.»
Treinta y siete. Se añade una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta. Adjudicación de bienes inmuebles.
En el caso de las adjudicaciones solicitadas por el acreedor ejecutante en los términos previstos en la sección VI del capítulo IV del título IV del libro III y siempre que las subastas en las que no hubiere ningún postor se realicen sobre bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al cincuenta por ciento de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
Asimismo, en los términos previstos en la mencionada sección y para los citados bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitual del deudor, cuando la mejor postura ofrecida sea inferior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a subasta y el ejecutado no hubiere presentado postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por ciento o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura.»
Treinta y ocho. La disposición final decimosexta queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición final decimosexta. Régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios.
1. En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el artículo 469, respecto de las en el artículo 477.
Para la interposición y resolución del recurso extraordinario por infracción procesal se seguirán las siguientes reglas:
1.ª Será competente para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pero en los casos en que la competencia para el recurso de casación corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, las resoluciones recurridas podrán también impugnarse por los motivos previstos en el artículo 469 de la presente Ley.
2.ª Solamente podrá presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1.º y 2.º del apartado segundo del artículo 477 de esta Ley.
3.ª Cuando un litigante pretenda recurrir una resolución por infracción procesal y en casación, habrá de interponer ambos recursos en un mismo escrito. A la interposición de dichos recursos y a la remisión de los autos, les serán de aplicación los plazos establecidos en los artículos 479 y 482, respectivamente.
4.ª Siempre que se interpongan contra una misma resolución recurso por infracción procesal y recurso de casación, se tramitarán ambos en un único procedimiento. Cuando se trate de recursos presentados por distintos litigantes, se procederá a su acumulación.
5.ª Si se tramitaren conjuntamente recurso por infracción procesal y recurso de casación, la Sala examinará, en primer lugar, si la resolución recurrida es susceptible de recurso de casación, y si no fuere así, acordará la inadmisión del recurso por infracción procesal.
Cuando el recurso por infracción procesal se hubiese formulado fundando exclusivamente su procedencia en el número 3.º del apartado segundo del artículo 477, la Sala resolverá si procede la admisión o inadmisión del recurso de casación, y si acordare la inadmisión, se inadmitirá, sin más trámites, el recurso por infracción procesal. Sólo en el caso de que el recurso de casación resultare admisible, se procederá a resolver sobre la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal.
6.ª Admitidos los recursos a que se refiere la regla anterior, se resolverá siempre en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal y, sólo cuando éste se desestime, se examinará y resolverá el recurso de casación. En tal caso, la desestimación del recurso por infracción procesal y la decisión sobre el recurso de casación se contendrán en una misma sentencia.
7.ª Cuando se hubiese recurrido la sentencia por infracción procesal al amparo del motivo 2.º del apartado primero del artículo 469, la Sala, de estimar el recurso por ese motivo, dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación. Del mismo modo resolverá la Sala si se alegare y estimare producida una vulneración del artículo 24 de la Constitución que sólo afectase a la sentencia.
8.ª Contra las sentencias dictadas resolviendo recursos extraordinarios por infracción procesal y recursos de casación no cabrá recurso alguno.
2. En tanto las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia carezcan de competencia para conocer, con carácter general, de los recursos extraordinarios por infracción procesal, no serán de aplicación los artículos 466, 468 y 472, así como los artículos 488 a 493 y el apartado cuarto del artículo 476. Lo dispuesto en el último párrafo del apartado segundo del artículo 476 no será de aplicación en los casos en que se estime el recurso extraordinario por infracción procesal fundado en el motivo 2.º del apartado primero del artículo 469 o en vulneraciones del artículo 24 de la Constitución que únicamente afectaran a la sentencia recurrida.
Las referencias a los Tribunales Superiores de Justicia, contenidas en el artículo 472 se entenderán hechas a la Sala que sea competente para conocer del recurso de casación.»

Ley de agiliación procesal (Plazo de espera de la ejecución de resoluciones))

2011-10-25T08:40:00.000-07:00

Veintisiete. El artículo 548 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 548. Plazo de espera de la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales.
No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado.»
Veintiocho. El apartado 1 del artículo 556 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificar documentalmente.
También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público.»
Veintinueve. El apartado 1 del artículo 563 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Cuando, habiéndose despachado ejecución en virtud de sentencias o resoluciones judiciales, el tribunal competente para la ejecución provea en contradicción con el título ejecutivo, la parte perjudicada podrá interponer recurso de reposición y, si se desestimare, de apelación.
Si la resolución contraria al título ejecutivo fuere dictada por el Secretario judicial, previa reposición, cabrá contra ella recurso de revisión ante el tribunal y, si fuera desestimado, recurso de apelación.»
Treinta. El artículo 579 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 579. Ejecución dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o pignorados.
Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución.»
Treinta y uno. El artículo 599 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 599. Competencia y sustanciación.
La tercería de dominio, que habrá de interponerse ante el Secretario judicial responsable de la ejecución, se resolverá por el tribunal que dictó la orden general y despacho de la misma y se sustanciará por los trámites previstos para el juicio verbal.»
Treinta y dos. El apartado 1 del artículo 617 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La tercería de mejor derecho se dirigirá siempre frente al acreedor ejecutante, y se sustanciará por los cauces del juicio verbal. Presentada la demanda, el Secretario judicial dará traslado a los demandados para que la contesten por escrito en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 405 de la presente ley.»
Treinta y tres. El artículo 651 y su rúbrica quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 651. Adjudicación de bienes al ejecutante.
Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esta facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.»
Treinta y cuatro. El apartado 1 del artículo 744 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el Secretario judicial ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, si el recurrente no solicitase su mantenimiento o la adopción de alguna medida cautelar distinta en el momento de interponer recurso contra la sentencia. En este caso se dará cuenta al tribunal, que oída la parte contraria y con anterioridad a remitir los autos al órgano competente para resolver el recurso contra la sentencia, resolverá lo procedente sobre la solicitud, atendiendo a la subsistencia de los presupuestos y circunstancias que justificasen el mantenimiento o la adopción de dichas medidas.»
Treinta y cinco. Se añade un apartado 3 al artículo 753, que queda redactado en los siguientes términos:
«3. Los procesos a los que se refiere este título serán de tramitación preferente siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.»

Ley de agiliación procesal (Competencia)

2011-10-24T08:32:00.000-07:00

Dieciocho. El artículo 478 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 478. Competencia. Simultaneidad de recursos.
1. El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.
2. Cuando la misma parte interponga recursos de casación contra una misma sentencia ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia, se tendrá, mediante providencia, por no presentado el primero de ellos, en cuanto se acredite esta circunstancia.»

Diecinueve. El artículo 479 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 479. Interposición del recurso.
1. El recurso de casación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.
2. Si la resolución impugnada fuera susceptible de recurso y éste se hubiere formulado dentro de plazo, en el plazo de tres días el Secretario judicial tendrá por interpuesto el recurso. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la admisión del recurso.
Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, dictará providencia teniendo por interpuesto el recurso; en caso contrario, dictará auto declarando la inadmisión. Contra este auto sólo podrá interponerse recurso de queja.
Contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso no cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida podrá oponerse a la admisión al comparecer ante el tribunal de casación.»
Veinte. El artículo 480 queda sin contenido.
Veintiuno. Se da una nueva redacción a la rúbrica y al apartado 1 del artículo 481 y se deja sin contenido el apartado 4:
«Artículo 481. Contenido del escrito de interposición del recurso.
1. En el escrito de interposición se expresará el supuesto, de los previstos por el artículo 477.2, conforme al que se pretende recurrir la sentencia. Igualmente se expondrán, con la necesaria extensión, los fundamentos y se podrá pedir la celebración de vista.»
Veintidós. El supuesto 1.º del apartado 2 del artículo 483 queda redactado en los siguientes términos:
«1.º Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable.»
Veintitrés. El artículo 495 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 495. Sustanciación y decisión.
1. El recurso de queja se interpondrá ante el órgano al que corresponda resolver el recurso no tramitado, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. Con el recurso deberá acompañarse copia de la resolución recurrida.
2. Presentado en tiempo el recurso con dicha copia, el tribunal resolverá sobre él en el plazo de cinco días. Si considerase bien denegada la tramitación del recurso, mandará ponerlo en conocimiento del tribunal correspondiente, para que conste en los autos. Si la estimase mal denegada, ordenará a dicho tribunal que continúe con la tramitación.
3. Contra el auto que resuelva el recurso de queja no se dará recurso alguno.»
Veinticuatro. El ordinal 9.º del apartado 2 del artículo 517 queda redactado en los siguientes términos:
«9.º Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución.»
Veinticinco. El apartado 1 del artículo 527 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste.»
Veintiséis. El apartado 2 del artículo 535 queda redactado en los siguientes términos:
«2. En los casos a los que se refiere el apartado anterior la ejecución provisional podrá solicitarse en cualquier momento desde la notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación y siempre antes de que haya recaído sentencia en estos recursos.
La solicitud se presentará ante el tribunal que haya conocido del proceso en primera instancia, acompañando certificación de la sentencia cuya ejecución provisional se pretenda, así como testimonio de cuantos particulares se estimen necesarios, certificación y testimonio que deberán obtenerse del tribunal que haya dictado la sentencia de apelación o, en su caso, del órgano competente para conocer del recurso que se haya interpuesto contra ésta.»

Ley de agiliación procesal (interposición del recurso)

2011-10-23T08:29:00.000-07:00

«Artículo 458. Interposición del recurso.
1. El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.
2. En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
3. Si la resolución impugnada fuera apelable y el recurso se hubiere formulado dentro de plazo, en el plazo de tres días el Secretario judicial tendrá por interpuesto el recurso. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la admisión del recurso.
Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, dictará providencia teniendo por interpuesto el recurso; en caso contrario, dictará auto declarando la inadmisión. Contra este auto sólo podrá interponerse recurso de queja.
Contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso de apelación no cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad de la apelación en el trámite de oposición al recurso a que se refiere el artículo 461 de esta ley.»
Trece. El apartado 1 del artículo 463 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Interpuestos los recursos de apelación y presentados, en su caso, los escritos de oposición o impugnación, el Secretario judicial ordenará la remisión de los autos al tribunal competente para resolver la apelación, con emplazamiento de las partes por término de diez días.
Si el apelante no compareciere dentro de plazo señalado, el Secretario judicial declarará desierto el recurso de apelación y quedará firme la resolución recurrida.»

Catorce. El artículo 470 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 470. Interposición del recurso.
1. El recurso extraordinario por infracción procesal se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.
2. Presentado el escrito de interposición del recurso y transcurridos los plazos de que dispongan todas las partes para interponer el recurso, el Secretario judicial, en el plazo de tres días, lo tendrá por interpuesto siempre que la resolución sea recurrible, se alegue alguno de los motivos previstos en el artículo 469 y, en su caso, se hubiese procedido con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la admisión del recurso.
Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, dictará providencia teniendo por interpuesto el recurso; en caso contrario, dictará auto declarando la inadmisión. Contra este auto sólo podrá interponerse recurso de queja.
Contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso no cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad en el trámite de oposición.»
Quince. El artículo 471 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 471. Contenido del escrito de interposición del recurso.
En el escrito de interposición se expondrá razonadamente la infracción o vulneración cometida, expresando, en su caso, de qué manera influyeron en el proceso. También se podrá solicitar la práctica de alguna prueba que se considere imprescindible para acreditar la infracción o vulneración producida, así como la celebración de vista.»
Dieciséis. El artículo 473 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 473. Admisión.
1. Recibidos los autos en el tribunal, se pasarán las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal.
2. El recurso extraordinario por infracción procesal se inadmitirá en los siguientes casos:
1.º Si se apreciare en este trámite la falta de los requisitos establecidos en los artículos 467, 468 y 469.
2.º Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento.
La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto la posible causa de inadmisión del recurso a las partes personadas para que, en el plazo de diez días, formulen las alegaciones que estimen procedentes.
Si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará auto declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida. Si la causa de inadmisión no afectara más que a alguna de las infracciones alegadas, resolverá también mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncie.
3. No se dará recurso alguno contra el auto que resuelva sobre la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal.»
Diecisiete. El apartado 2 del artículo 477 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos:
1.º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
2.º Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.
3.º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.»

Ley de agiliación procesal (Derecho a recurrir en casos especiales)

2011-10-22T08:28:00.000-07:00

Derecho a recurrir en casos especiales.
1. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al demandado los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.
2. Los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, a que se refiere el apartado anterior, se declararán desiertos, cualquiera que sea el estado en que se hallen, si durante la sustanciación de los mismos el demandado recurrente dejare de pagar los plazos que venzan o los que deba adelantar. El arrendatario podrá adelantar o consignar el pago de varios períodos no vencidos, los cuales se sujetarán a liquidación una vez firme la sentencia. En todo caso, el abono de dichos importes no se considerará novación del contrato.
3. En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, si, al interponerlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto. Dicho depósito no impedirá, en su caso, la ejecución provisional de la resolución dictada.
4. En los procesos en que se pretenda la condena al pago de las cantidades debidas por un propietario a la comunidad de vecinos, no se admitirá al condenado el recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al interponerlos, no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria. La consignación de la cantidad no impedirá, en su caso, la ejecución provisional de la resolución dictada.
5. El depósito o consignación exigidos en los apartados anteriores podrá hacerse también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada o depositada.
6. En los casos de los apartados anteriores, antes de que se rechacen o declaren desiertos los recursos, se estará a lo dispuesto en el artículo 231 de esta Ley en cuanto a la acreditación documental del cumplimiento de los requisitos exigidos.» términos:
«1. Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella.
Cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea.»
Diez. El apartado 1 del artículo 455 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, serán apelables, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros.»
Once. El artículo 457 queda sin contenido.

Ley de agiliación procesal (Articulo cuarto)

2011-10-21T07:24:00.000-07:00

Artículo cuarto. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 4 del artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:
«4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el Secretario Judicial si, requerido aquél previamente a la celebración de la vista en los términos previstos en el artículo 440.3 de esta Ley, paga al actor o pone a su disposición en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda, y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, un mes de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.»
Dos. Se da una nueva redacción a los ordinales 1.º y 8.º y se añade un ordinal 9.º al apartado 2 del artículo 26, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1.º A seguir el asunto mientras no cese en su representación por alguna de las causas expresadas en el artículo 30. Le corresponde la obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales así como la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso.»
«8.º A la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que su representado le solicite, o en interés de éste cuando así se acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el Secretario judicial, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
9.º A acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones.»
Tres. Se añade un nuevo ordinal 7.º al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 241, con la siguiente redacción:
«7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando ésta sea preceptiva.»
Cuatro. El ordinal 11.º del apartado 1 del artículo 250 queda redactado en los siguientes términos:
«11.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.»
Cinco. El apartado 4 del artículo 439 queda redactado en los siguientes términos:
«4. En los casos de los números 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 250, cuando la acción ejercitada se base en el incumplimiento de un contrato de venta de bienes muebles a plazos, no se admitirán las demandas a las que no se acompañe la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien, en los términos previstos en el apartado segundo del artículo 16 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, así como certificación de la inscripción de los bienes en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, si se tratase de bienes susceptibles de inscripción en el mismo. Cuando se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o de bienes muebles, no se admitirán las demandas a las que no se acompañe la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien, en los términos previstos en el apartado tercero de la disposición adicional primera de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles.»
Seis. Se da una nueva redacción al apartado 3 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 440, queda redactado en los siguientes términos:
«3. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el Secretario judicial, tras la admisión y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.
Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, se le pondrá de manifiesto en el requerimiento, y la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21.
Además, el requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista, para la que servirá de citación, y la práctica del lanzamiento. Asimismo se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento.
El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de esta Ley, apercibiendo al demandado de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior, así como de los demás extremos comprendidos en el apartado siguiente de este mismo artículo.
Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.
Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el Secretario judicial lo hará constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento respecto del desahucio, dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.
4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de un mes desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.»
Siete. El párrafo primero del apartado 4 del artículo 441 queda redactado en los siguientes términos:
«4. En el caso del número 10.º del apartado 1 del artículo 250, admitida la demanda, el tribunal ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato embargo preventivo, que se asegurará mediante depósito, con arreglo a lo previsto en esta ley. Cuando, al amparo de lo dispuesto en el número 11.º del apartado 1 del artículo 250, se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, arrendamiento de bienes muebles o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, admitida la demanda el tribunal ordenará el depósito del bien cuya entrega se reclame. No se exigirá caución al demandante para la adopción de estas medidas cautelares, ni se admitirá oposición del demandado a las mismas. Tampoco se admitirán solicitudes de modificación o de sustitución de las medidas por caución.»

Ley de agilizacion procesal (Cuarta parte)

2011-10-20T08:18:00.000-07:00

Artículo segundo. Modificación de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
Se adiciona a la disposición adicional primera un nuevo apartado 7, del siguiente tenor:
«7. Lo previsto en los apartados 2, 3, 4 y 5 será de aplicación a los contratos de arrendamiento de bienes muebles.»
Artículo tercero. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en los siguientes términos:
Uno. El apartado 4 del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
«4. Conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.»
Dos. El apartado 1, regla segunda, del artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:
«Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.»
Tres. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 60 quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.
2. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 56.»
«4. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.»
Cuatro. Se da una nueva redacción al apartado 1 y se añade un tercer párrafo al apartado 3, del artículo 78, que quedan redactados como sigue:
«1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.»
«3. (…)
No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el Secretario judicial dará traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado primero del artículo 54. Las partes demandadas podrán, dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, solicitar la celebración de la vista. En dicho caso el Secretario judicial citará a las partes al acto conforme a lo previsto en el párrafo anterior. En caso contrario, el Secretario judicial procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el pleito sin más trámite una vez contestada la demanda, salvo que el Juez haga uso de la facultad que le atribuye el artículo 61.»
Cinco. El apartado 1.a) del artículo 81 queda redactado en los siguientes términos:
«a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.»
Seis. El apartado 2.b) del artículo 86 queda redactado en los siguientes términos:
«b) Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso.»
Siete. El apartado 3 del artículo 96 queda redactado en los siguientes términos:
«3. Sólo serán susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo establecido en la letra b) del artículo 86.2, siempre que la cuantía litigiosa sea superior a 30.000 euros.»
Ocho. El apartado 2 del artículo 99 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Este recurso únicamente procederá contra sentencias que no sean susceptibles de recurso de casación o de recurso de casación para la unificación de doctrina por aplicación exclusiva de lo previsto en el artículo 86.4 y cuando la cuantía litigiosa supere los 30.000 euros.»
2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.»
Diez. El artículo 135 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 135.
1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto:
a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.
En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63.
b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo.
2. En los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este artículo.»
Once. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 139, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.»

Ley de Agilización procesal tercera parte)

2011-10-19T08:16:00.000-07:00

Cinco. Se añade un nuevo artículo 544 quáter que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 544 quáter.
1. Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, las medidas cautelares que podrán imponérsele son las expresamente previstas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
2. La medida se acordará previa petición de parte y celebración de vista, a la que se citará a todas las partes personadas. El auto que decida sobre la medida cautelar será recurrible en apelación, cuya tramitación tendrá carácter preferente.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 4.º al artículo 554 que queda redactado en los siguientes términos:
«4.º Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.»
Siete. Se añade un nuevo párrafo final al artículo 746 que queda redactado en los siguientes términos:
«Cuando el procesado sea una persona jurídica, se estará a lo dispuesto en el artículo 786 bis de esta Ley.»
Ocho. Se introduce un nuevo artículo 786 bis, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 786 bis.
1. Cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada para un mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que especialmente designe, debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los acusados. Dicha persona podrá declarar en nombre de la persona jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa prueba, sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio.
No se podrá designar a estos efectos a quien haya de declarar en el juicio como testigo.
2. No obstante lo anterior, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación no impedirá en ningún caso la celebración de la vista, que se llevará a cabo con la presencia del Abogado y el Procurador de ésta.»
Nueve. Se introduce un nuevo apartado 8 en el artículo 787, que queda redactado en los siguientes términos:
«8. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos.»
Diez. Se introduce un nuevo artículo 839 bis, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 839 bis.
1. La persona jurídica imputada únicamente será llamada mediante requisitoria cuando no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia por falta de un domicilio social conocido.
2. En la requisitoria de la persona jurídica se harán constar los datos identificativos de la entidad, el delito que se le imputa y su obligación de comparecer en el plazo que se haya fijado, con Abogado y Procurador, ante el Juez que conoce de la causa.
3. La requisitoria de la persona jurídica se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» o en cualquier otro periódico o diario oficial relacionado con la naturaleza, el objeto social o las actividades del ente imputado.
4. Transcurrido el plazo fijado sin haber comparecido la persona jurídica, se la declarará rebelde, continuando los trámites procesales hasta su conclusión.»

Ley de agilización procesal (Segunda parte)

2011-10-18T08:14:00.000-07:00

Artículo primero. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882, en los siguientes términos:
Uno. Se introduce un nuevo artículo 14 bis, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 14 bis.
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica.»
Dos. Se introduce un nuevo artículo 119, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 119.
1. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley, haya de procederse a la imputación de una persona jurídica, se practicará con ésta la comparecencia prevista en el artículo 775, con las siguientes particularidades:
a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del representante no impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado.
b) La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado de la persona jurídica imputada acompañada del Abogado de la misma. La inasistencia al acto de dicho representante determinará la práctica del mismo con el Abogado de la entidad.
c) El Juez informará al representante de la persona jurídica imputada o, en su caso, al Abogado, de los hechos que se imputan a ésta. Esta información se facilitará por escrito o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada.
d) La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos de notificaciones, practicándose con el Procurador designado todos los actos de comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter personal. Si el Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad a la persona jurídica imputada.»
Tres. Se introduce un nuevo artículo 120, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 120.
1. Las disposiciones de esta Ley que requieren o autorizan la presencia del imputado en la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada se entenderán siempre referidas al representante especialmente designado por la entidad, que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta.
2. La incomparecencia de la persona especialmente designada no impedirá la celebración del acto de investigación o de prueba anticipada que se sustanciará con el Abogado defensor.»
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 409 bis que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 409 bis.
Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización. A dicha declaración le será de aplicación lo dispuesto en los preceptos del presente capítulo en lo que no sea incompatible con su especial naturaleza, incluidos los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable.
No obstante, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.»

Ley de agilización procesal (Interposición de recursos)

2011-10-17T08:50:00.000-07:00

Catorce. El artículo 470 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 470. Interposición del recurso.
1. El recurso extraordinario por infracción procesal se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.
2. Presentado el escrito de interposición del recurso y transcurridos los plazos de que dispongan todas las partes para interponer el recurso, el Secretario judicial, en el plazo de tres días, lo tendrá por interpuesto siempre que la resolución sea recurrible, se alegue alguno de los motivos previstos en el artículo 469 y, en su caso, se hubiese procedido con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la admisión del recurso.
Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de admisión, dictará providencia teniendo por interpuesto el recurso; en caso contrario, dictará auto declarando la inadmisión. Contra este auto sólo podrá interponerse recurso de queja.
Contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso no cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad en el trámite de oposición.»
Quince. El artículo 471 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 471. Contenido del escrito de interposición del recurso.
En el escrito de interposición se expondrá razonadamente la infracción o vulneración cometida, expresando, en su caso, de qué manera influyeron en el proceso. También se podrá solicitar la práctica de alguna prueba que se considere imprescindible para acreditar la infracción o vulneración producida, así como la celebración de vista.»
Dieciséis. El artículo 473 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 473. Admisión.
1. Recibidos los autos en el tribunal, se pasarán las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal.
2. El recurso extraordinario por infracción procesal se inadmitirá en los siguientes casos:
1.º Si se apreciare en este trámite la falta de los requisitos establecidos en los artículos 467, 468 y 469.
2.º Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento.
La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto la posible causa de inadmisión del recurso a las partes personadas para que, en el plazo de diez días, formulen las alegaciones que estimen procedentes.
Si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará auto declarando la inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida. Si la causa de inadmisión no afectara más que a alguna de las infracciones alegadas, resolverá también mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncie.
3. No se dará recurso alguno contra el auto que resuelva sobre la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal.»

Ley de agilizacion procesal (Primera parte)

2011-10-17T08:12:00.000-07:00

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

15937

Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

La Constitución reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Tribunales dentro de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Nuestra Constitución contempla la Justicia como poder y como servicio destinado a prestar tutela a los ciudadanos, una prestación que debe ser efectiva. Este mandato de efectividad se sitúa en la órbita de los postulados de la cláusula del Estado Social, y en particular, del mandato del artículo 9.2 de la Constitución, que impone a los poderes públicos, y señaladamente al Gobierno, la obligación de disponer los medios necesarios, tanto normativos como materiales y personales para que el derecho a la tutela judicial se garantice a todos los ciudadanos de manera tangible y cierta.
Distintos instrumentos han incidido sobre la conveniencia de dotar a nuestra justicia de medios modernos y eficientes. Así, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 22 de abril de 2002 como Proposición no de Ley, pone de manifiesto el derecho de los ciudadanos a una tramitación ágil de los asuntos que le afecten.

Los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad. Así, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33 % con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes. En algunos órdenes jurisdiccionales el volumen de entrada ha sido especialmente intenso, como en el civil, que ha doblado la entrada de asuntos en esa misma década.
El sobrevenido aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad. Este fue también el objetivo último que determinó la promulgación de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009, de la misma fecha, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable.

III

El objeto de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.
En el orden penal, se introducen ciertas modificaciones inexcusables, exigidas por la nueva situación derivada de la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y relativas a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En particular, se regulan cuestiones relativas al régimen de la competencia de los tribunales, derecho de defensa de las personas jurídicas, intervención en el juicio oral y conformidad, así como su rebeldía.
En el orden contencioso-administrativo se modifican determinados preceptos relativos a la prueba para reducir trámites y dotar de mayor agilidad a esta fase del proceso. Por otra parte, se introduce en el procedimiento abreviado la posibilidad de evitar la celebración de vista en aquellos recursos en los que no se va a pedir el recibimiento a prueba y la Administración demandada no solicita la celebración de la misma. De esta forma se evita que aquellos recursos que quedarían conclusos en el acto de la vista después de la contestación a la demanda, tengan que esperar en algunos casos más de dos años hasta que se celebre la misma, a los solos efectos de que la Administración demandada conteste.
Se eleva a 30.000 euros la cuantía de los asuntos que se resolverán por los trámites del procedimiento abreviado.
Se introducen modificaciones importantes en materia de recursos, en cuanto a la elevación del límite cuantitativo para acceder al recurso de apelación y al recurso de casación.
Se modifica la regulación de las denominadas medidas cautelarísimas, recogiendo las verdaderas posibilidades que en la actualidad se están llevando a cabo por los órganos judiciales: apreciar la especial urgencia y citar a la comparecencia, apreciar la especial urgencia y denegar la medida cautelar inaudita parte o bien no apreciar la urgencia y decidir tramitar conforme a las reglas generales, añadiendo la posibilidad de alegaciones por escrito en vez de comparecencia. Por otra parte, se prevé con carácter expreso la necesaria intervención del Ministerio Fiscal en determinados supuestos que afecten a menores de edad.
En relación a las costas procesales se establece para los procesos de única o primera instancia el criterio del vencimiento pero con la posibilidad de que el tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición; regulándose asimismo los supuestos de estimación o desestimación parcial.
En el orden civil, se incluye expresamente dentro del concepto de costas del proceso el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al tratarse de un gasto necesario para demandar.
Se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento, única comunicación procesal necesaria para el buen fin del proceso, aun cuando el demandado tratase de dilatar la ejecución, evitándose asimismo la celebración de vistas innecesarias.
Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, cuando ésta no supere los 3.000 euros, tratando con ello de limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales.
En el ámbito de los recursos, se suprime el trámite de preparación de los recursos devolutivos y, en cuanto a la casación, se procede a una modificación en cuanto a las resoluciones recurribles por la cuantía para que el Tribunal Supremo pueda cumplir de forma más eficaz los fines legalmente establecidos.
En cuanto a la ejecución de sentencias, se aclaran aspectos relativos a la relación entre la ejecución especial hipotecaria y la ordinaria, precisando la forma en que la ejecución especial, dirigida contra determinados bienes, pasa a convertirse en general, dirigida contra todo el patrimonio de los responsables.
Se reducen trámites en la sustanciación de las tercerías de dominio y de mejor derecho, que ahora se ventilarán por los trámites del juicio verbal, si bien esta última con contestación escrita, dada la peculiaridad de su objeto. La remisión al juicio declarativo ordinario resulta desproporcionada, y la nueva remisión al juicio verbal evitará dilaciones indebidas en la ejecución.
En cuanto a los procesos especiales para la tutela del crédito, se acoge expresamente al arrendamiento de bienes muebles, en el proceso verbal ya previsto para el contrato de arrendamiento financiero y de venta a plazos de bienes muebles, atendiendo con ello a una reclamación del sector económico correspondiente, cuyo crecimiento en los últimos años no se ha visto acompañado de la correspondiente modernización legislativa, que ahora proporcionará una importante reducción de costes y tiempo, en cuanto a la reclamación de sus deudas y especialmente, en cuanto a la recuperación de los bienes entregados en arrendamiento. Ello implica además la modificación de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, para equiparar la condición de estos contratos hoy atípicos, a los que ya regula este cuerpo legal.
Se aclara la regulación de las medidas cautelares en el caso de sentencias absolutorias recurridas.
Se introduce la preferencia en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, en los casos en que alguno de los interesados sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.
También se suprime el límite cuantitativo del procedimiento monitorio, equiparándolo de este modo al proceso monitorio europeo, con el fin de evitar limitaciones de acceso a este procedimiento, que se ha convertido con mucho en la forma más frecuente de iniciar las reclamaciones judiciales de cantidad.

El estado venezolano controlará el precio de vehículos

2011-09-21T07:59:00.000-07:00

Es interesante como después de doce años de gobierno el estado venezolano se plantea regular el precio de automóviles en general. Siendo este unos de los mercados más desiguales del país. Solo queda decir, ya era hora.

No es seguro que esto suceda porque en realidad es solo una promesa y a las pruebas me remito. En promesas incumplidas este estado tiene un posgrado. Pero el simple hecho de afirmar que es una locura el valor de los vehículos, está bien.

No es el único mercado desigual ni mucho menos. Pero el mercado automotor influye en el Producto Interno Bruto venezolano así que es positivo que se tome en cuenta a los ciudadanos comunes a la hora de hacer negocio cuando compran o venden algún bien, en este caso su transporte.

Se establecerá un límite de comercialización mediante una propuesta de precio por parte del ejecutivo a todas y cada una de las ensambladoras. Esperamos que el precio sugerido sea acorde al costo de producción y al porcentaje de ganancia justo que recibirán los concesionarios.

EHP

@EdgarHiguereyP

El Fondo Monetario Internacional y su nueva zona de riesgo

2011-09-21T07:47:00.000-07:00

Cuando un ente tan inmiscuido en el progreso y porvenir económico del G8 afirma que la economía mundial vuelve a estar en zona de riesgo, uno se pregunta... ¿Y todo lo que se venía haciendo?

En Latinoamérica los países que desean ascender y, dependen sin duda alguna, de la economía de los Estados Unidos se preguntan ¿Si ellos, de quienes dependemos, están mal, cómo estamos nosotros?

La respuesta en sí, es mal. Revisando los niveles de desempleo en Venezuela y la cantidad de negocios que no prosperan por el poco poder de adquisición de la población, uno llega a entender que si EEUU está mal. Nosotros estamos peor.

¿Por qué a diferencia de las demás naciones del continente del sur Brasil y Chile muestran mejoría?, sin duda no es porque sus gobiernos sean de apertura económica, puesto que no son precisamente neoliberales ni de "extrema derecha" son estados ejecutivos autodenominados y creyentes del socialismo. No el utópico que soñaba Marx, sino el tangible que soñamos todos, el que permite al estado regular y al ciudadano común invertir y producir como es debido.

EHP

@EdgarHiguereyP

La justicia no es ciega

2011-09-20T11:16:00.000-07:00

En Venezuela la justicia no es ciega, como debiera ser. Durante los últimos años personalidades cercanas al estado nacional han insultado, atacado física y verbalmente a instituciones, partidos políticos y ciudadanos en general, que por diferir en criterio se ganan el odio infinito de los brazos indiferentes de la sociedad. Indiferentes porque la justicia en Venezuela no es ciega.

Las primas de las mutuas suben (España)

2011-06-16T02:18:00.000-07:00

Las primas de las mutuas suben (España)

El Gobierno español pretende de esta forma que los profesionales tengan unos ingresos mínimos en su jubilación y evitar la situación actual en que algunos de ellos, que han cotizado poco, tengan derecho a pedir una pensión no contributiva de la Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España ultima un real decreto que obligará a las mutualidades (incluyendo la de abogados) que son alternativas al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social a imponer a los profesionales una prima mínima equivalente a la cotización mínima del régimen público (254 euros al mes), con un descuento de cerca del 20%, y a equiparar también las prestaciones. La nueva norma, que está ahora en discusión con las mutualidades y los colegios profesionales, obligará también a estas a pagar las prestaciones en forma de renta mensual vitalicia (ahora era posible cobrarlas como capital, en un pago único), con una cuantía mínima equivalente a la pensión mínima de la Seguridad Social.

El aumento de primas será aún mayor porque requerirá que el profesional haga una aportación adicional para tener cobertura sanitaria con un seguro privado, puesto que esta prestación no se financia entre los autónomos con cargo a la cotización social sino con impuestos.

Esta reforma supondrá un fuerte aumento de los gastos para estos profesionales, especialmente para los más jóvenes, que en muchos casos realizan aportaciones muy bajas mientras están empezando su ejercicio profesional y tienen pocos ingresos, mientras que las incrementan cuando se han consolidado profesionalmente.

Sin embargo siempre es importante contar con la asesoria adecuada para ejercer correctamente nuestros derechos.

EUROPE.- SOCIAL SECURITY LAW BOOK‏

2011-06-05T03:37:00.000-07:00

EUROPEAN SOCIAL SECURITY LAW BOOK‏.- Practitioners of law specialized in social security needs to be up-to-date on the most recent developments in legislation, jurisprudence and best practice in this field.

The new EU social security coordination rules entered into force on 1 May 2010. The new legal framework significantly modernises and simplifies the rules for coordination of social security systems. One of the main innovations is the obligation to exchange data electronically between institutions by 1 May 2012 through the EESSI system.

The new forthcoming book on the subject, published in www.reports-books.com and www.braxton-publishing.com and authored by Salvador Trinxet Llorca (www.salvador-trinxet-llorca.com) will discuss the experience of the first year of the implementation of the new coordination regulations. Attention will also be paid to the recent jurisprudence of the European Court of Justice. Furthermore, the book will provide participants with an update on legislative developments in this field.